España cae al nivel 3 en la violación de los derechos laborales

La valoración de España en el informe anual que realiza la Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto a las violaciones de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras en el mundo (se analizan 141 países) empeora año tras año desde la reforma laboral unilateral aprobara por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en junio de 2010.

Según estos informes, la CSI (que agrupa a 328 organizaciones) considera que la situación de España ha ido empeorando, fundamentalmente, tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Sin embargo, hasta ahora, España seguía ocupando una calificación similar a la de los países de su entorno, algo que se ha roto definitivamente en el Informe 2015, donde queda situada en el nivel 3 (de cinco posibles) junto a otros 35 países donde se producen “violaciones regulares de los derechos laborales”, entre ellos, por ejemplo, Albania, Marruecos, Argentina, Haití, Hungría o Rusia. Muy lejos, en cualquier caso, del nivel 1 en el que permanecen Alemania, Francia, Italia o Uruguay.

Este nivel agrupa 3 a los países cuyo “gobierno y/o empresas interfieren con regularidad en los derechos laborales colectivos o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos

derechos. Existen deficiencias en la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan las violaciones frecuentes”.

Los motivos que han llevado a este descalabro español en el contexto internacional de los derechos de los trabajadores, según subraya la CSI, han sido fundamentalmente dos: los recortes a la libertad de expresión y reunión que ha supuesto la llamada “ley mordaza” y la persecución de la actividad sindical y del derecho de huelga en los tribunales.

Así, el informe denuncia que la nueva legislación española incluye una serie de modificaciones que “afectan gravemente” a los citados derechos mediante la aplicación de sanciones que van desde los 600 euros por no notificar a las autoridades toda manifestación en zonas públicas, “incluso en el caso de protestas pacíficas”, se precisa, hasta los 30.000 euros en caso de protestas que terminen en “una perturbación grave de la seguridad pública” e ,incluso, los 600.000 cuando se realizan protestas no autorizadas cerca de infraestructuras consideradas clave.

La otra denuncia sobre la actuación del gobierno español tiene que ver con lo que el informe califica abiertamente de “criminalización de la huelga”. “Cerca de 300 sindicalistas”, recuerda la CSI, “se enfrentan actualmente a procedimientos administrativos y penales. Si se suman las peticiones de penas de prisión en su contra, superan los 120 años de cárcel. Desde hace cuatro, la Fiscalía empezó a remitirse al artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro anos y medio de prisión para los trabajadores”.

La carta que firma Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, retrata la situación global vivida por los trabajadores en los últimos años y asusta por su descarnado parecido con la degradación de las condiciones de vida y los derechos laborales en España durante la legislatura que ha presidido Rajoy. “La desigualdad en nuestros países y en nuestros centros de trabajo está en aumento y más de 1.200 millones de personas subsisten en la más extrema pobreza… Los empleos no garantizan la subsistencia de las familias y la democracia y los derechos democráticos de los trabajadores corren peligro y el poder de las empresas debe ser controlado”, comienza diciendo Burrow.

Y todavía va un poco más allá: “Los empleadores continúan minando las instituciones del mercado de trabajo, creando trabajo precario para millones de personas. Las instituciones internacionales están fracasando mientras que los intereses económicos geopolíticos dominan por encima de la paz, la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Apenas hay una débil voz democrática contra la esclavitud y a favor de unas sociedades basadas en los derechos”.

Ver: http://sindicatounificadoemt.blogspot.com.es/

Fuente: Cuarto Poder.

Los incumplimientos electorales del PP

TVE veta una parodia de José Mota sobre Rajoy que evidenciaba los incumplimientos electorales del PP. Mariano Rajoy tiene un problema de cara a las próximas elecciones generales porque los electores tienen muy recientes el incumplimiento de sus promesas electores. Cuando era líder de la oposición prometía a diestro y siniestro de todo, desde bajar impuestos hasta no dar dinero a los bancos, y lo primero que hizo al llegar a Moncloa fue subir el IRPF y el IVA y un macro-rescate financiero de 40.000 millones de euros. Las promesas de Rajoy eran tan disparatadas ya cuando estaba en la oposición en 2010 que el humorista José Mota le dedicó un gag aquel año sobre ella. En uno de los capítulos de La hora de José Mota de 2010 apareció el humorista imitando a Rajoy y versionando la canción ‘Tenía tanto que darte’ de Nena Dacante. En la sátira, Rajoy analizaba porque no ganó las elecciones de 2008 y hablaba, como ahora hacen en el PP, de un “problema de comunicación”. Se comprometía entonces a “bajar los impuestos una enormidad” o “apretar a los bancos y no darles ná”, compromisos reales -con otras palabras- del ahora presidente, así como otras exageraciones del tipo “financiarte el coche” o 10.000 euros por hijo nacido.

¿Se contagian los incumplimientos por los miembros del PP hasta el punto de llevar a la quiebra a la EMT de Madrid?

https://youtu.be/rLQUYwdPCLI?list=RDrLQUYwdPCLI

Fuente: El Plural

LOS GESTORES DEL AYUNTAMIENTO Y LA EMT DE MADRID A EXAMEN

Retirado ya de la política, a Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el alcalde que cambió la fisonomía de Madrid y la anatomía de su Ayuntamiento y Empresas Municipales, como EMT con su plan estratégico, una empresa que siempre funcionó y fue ejemplo de empresa en toda Europa y ha conseguido que diera pérdidas con sus gastos excesivos y desmesurados, en material como un ejemplo de los muchos como cambiar el color a los autobuses por capricho y en personal metiendo a dedo y engordando una dirección en una empresa pública que hay que hacer oposiciones para poder entrar, le ha llegado la hora del examen final a su gestión municipal (2003-2011). Ana Botella concluyó su último mandato (2011-2015), al convertirse él en ministro de Justicia, pero serán las elecciones de mayo las que juzguen su legado, incluida Ana Botella.

Con una inversión de 10.457 millones en sus ocho años y medio de mandato. Duplicó, casi triplicó el presupuesto municipal, desde los 2.300 millones del último año de su predecesor, José María Álvarez del Manzano (PP), hasta los 5.300 millones de 2008, antes de la gran recesión. Pero también disparó la deuda, desde los 1.366 millones heredados de Álvarez del Manzano hasta los 6.453 millones que dejó a Botella, aunque en realidad la deuda fue mayor: sumando las empresas municipales y las facturas impagadas, rebasó los 9.000 millones de euros, y obligó a dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda. El palacio de Cibeles, ese edificio es sólo el paradigma del gasto en obras, los sobrecostes de varias infraestructuras y la incapacidad para hallar utilidad a las finalizadas, agravado esto último por las tres candidaturas olímpicas fallidas. Usando la terminología del Comité Olímpico Internacional sobre edificios carísimos sin uso posible tras los Juegos.

¿Qué hace el comité de empresa de la EMT de Madrid?

¿El Ayuntamiento y a su vez la EMT de Madrid necesita un cambio en su gobierno y gestión?

Entre políticos que gestionan lo que no saben gestionar y políticos corruptos, a estas alturas, un ciudadano libre tiene la obligación de saber que votar a un Gobierno que no sabe gestionar o corrupto es un acto inmoral, que te hace cómplice de la situación. Te creías vacunado contra esa basura, pero un día el espejo ante el cual tu rostro se refleja, puede que te dé un veredicto fatídico: si de forma consciente votas a un político que no sabe gestionar o corrupto es porque tú en su caso harías exactamente lo mismo. Tampoco se salvan los sindicatos que no denuncian dichas situaciones.

Fuentes: El PAÍS.

¿Hay negocios oscuros para los amiguetes en el PP? ¿La EMT de Madrid en el punto de mira? ¿Es posible un cambio de Gobierno Municipal?

El Consistorio adjudicó en 2007 a Dragados (ACS) un contrato para urbanizar una zona del distrito de Tetuán pero la crisis hizo que a la compañía no le salieran las cuentas y pidiera el reequilibrio de la concesión. El Ayuntamiento ultima las negociaciones para un nuevo convenio que incluirá una compensación para la empresa de unos 100.000 metros cuadrados de suelo adicional para promocionar vivienda protegida. 

Apenas unas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas, Florentino Pérez, presidente de ACS, está a punto de consumar su último pelotazo urbanístico en Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de la capital. El Consistorio ultima un convenio con Dragados, filial constructora de ACS, mediante el que equilibrará la concesión adjudicada en 2007 a la compañía para urbanizar una zona del barrio de Tetuán, en el entorno del Paseo de la Dirección, y que la empresa abandonó porque la llegada de la crisis hizo que no le salieran las cuentas. El nuevo convenio prevé que Dragados obtenga unos 100.000 metros cuadrados de suelo para vivienda protegida que se añadirán a los más de 76.000 de vivienda libre previstos en el convenio original. 

La operación está únicamente pendiente del trámite que supone la aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial que permite el reequilibrio de la concesión. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en su último pleno, celebrado el pasado 20 de febrero, el cambio urbanístico, de modo que sólo resta que concluya el periodo de alegaciones para dar luz verde definitiva, justo antes de las elecciones, a la modificación que, a su vez, permitirá la firma del convenio. 

La operación se remonta a mediados de la pasada década. El Ayuntamiento de Madrid, por entonces con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, llevó a cabo un plan para el mejor aprovechamiento urbanístico de uno de los extremos del barrio de Tetuán, el que tiene como eje el Paseo de la Dirección, entre los números 124 y 378 y como uno de sus límites el Parque Rodríguez Sahagún. El objetivo del Ayuntamiento era revitalizar una zona considerada como deprimida. 

A tal fin convocó un concurso por el que se interesaron algunas de las grandes constructoras y que acabó adjudicándose Dragados, que se comprometió a pagar los 176,5 millones de euros especificados en el pliego de condiciones y, además, a aportar unos 14 millones de euros adicionales para gastos de urbanización, una de las claves que hizo que su oferta se impusiera al resto. 

La compañía debería proceder a urbanizar la superficie, de 197.250 metros cuadrados, así como a costear las expropiaciones de los terrenos necesarios para llevar a cabo el plan del Ayuntamiento y a construir edificios de viviendas para los correspondientes realojos de los vecinos afectados. La contraprestación de la Administración consistía en la entrega de 76.500 metros cuadrados de vivienda libre en la zona, en la que también estaba prevista una dotación para vivienda protegida. 

Dragados para y exige el reequilibrio.

El convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Dragados, firmado en marzo de 2007, daba a la constructora un plazo de seis años para terminar en su totalidad los trabajos. Sin embargo, los problemas comenzaron mucho antes. La crisis hizo que a Dragados comenzaran a no salirle las cuentas por ningún lado. El descenso meteórico de los precios del suelo y el desplome del mercado inmobiliario amenazaban con convertir una concesión que era “una jugada a balón parado” (símil futbolístico empleado por una de las personas de absoluta confianza de Florentino Pérez cuando hablaba de la operación) en un caramelo envenenado. 

Dos años antes de que venciera el plazo para concluir los trabajos, Dragados paralizó las obras y comenzó a desatender los pagos de las expropiaciones mientras, en paralelo, reclamaba al Ayuntamiento que reequilibrara la concesión, al modo de las célebres autopistas de peaje. 

La constructora arguyó motivos de carácter técnico en el trazado de las parcelas (que hubieran sido fácilmente subsanables, de acuerdo con fuentes conocedoras de la situación) y encargó tres valoraciones de los terrenos a las firmas Sociedad de Tasación, Tinsa y Tasamadrid para argumentar que los cálculos contemplados en el pliego de la concesión, que reflejaban precios en torno a los 2.310 euros por metros cuadrado, hacían inviable la concesión. 

Por entonces, la constructora apenas había levantado una de las dos torres de viviendas previstas para los realojos de los expropiados, construida en la parte del suelo que era de titularidad municipal, mientras que había dejado sin pagar a numerosos propietarios del suelo afectado por la modificación del Plan Parcial. 

Las negociaciones entre Dragados y el Ayuntamiento se extendieron durante algo más de dos años y las llevó personalmente, por parte de la empresa, Enrique Pérez, hermano de Florentino y principal ejecutivo de Cogesa (filial inmobiliaria del grupo). Por el Ayuntamiento intervinieron principalmente la concejal de Urbanismo y Vivienda, Paz González, y la directora general de Gestión Urbanística, Isabel Pinilla. 

Sin ejecución de los avales.

Durante este largo proceso, que se inició en 2011, Dragados no atendió a los plazos establecidos en el pliego de condiciones, cuyo incumplimiento se castigaba con las correspondientes sanciones y, en último término, ejecuciones de los avales depositados por la concesionaria para cubrir sus responsabilidades y valorados en unos 140 millones de euros. Aun así, el Consistorio no procedió en ningún caso a ejecutarlos. Cuando la compañía decidió paralizar el proyecto restaban algo más de 100 millones en avales y, pese a la insistencia de algún funcionario, nunca fueron reclamados. 

Las consecuencias hubieran sido graves para Dragados, toda vez que la ejecución de un aval le hubiera inhabilitado para contratar con el Ayuntamiento de la capital durante cinco años. 

Tras numerosas propuestas para reequilibrar la concesión, el Ayuntamiento, ya bajo el gobierno de Ana Botella, decidió volver a modificar el Plan Parcial en la zona y proceder a la elaboración de un nuevo convenio, cuyos términos están en la última fase de negociación, en el que se contempla una contraprestación extra a Dragados. 

Frente a lo que se recogía en el convenio original, la compañía no quería recibir más suelo de vivienda libre porque es consciente de que cualquier promoción de viviendas en la zona con un suelo valorado a más de 2.300 euros por metro cuadrado está en la actualidad condenada al más absoluto fracaso. 

La solución, la vivienda protegida.

Así pues, el suelo destinado a vivienda protegida ha aparecido como la solución para el reequilibrio de la concesión. El convenio recogerá una serie de ajustes tanto en el valor de la concesión, esto es, la cantidad a pagar por Dragados, como en el precio de la misma, la compensación por parte del Ayuntamiento. 

En función del valor se establecerá el precio definitivo pero las estimaciones de fuentes conocedoras de la situación se sitúan en el entorno de los 100.000 metros cuadrados de vivienda protegida para Dragados, con una valoración de entre 470 y 645 euros por metro cuadrado. Entonces, las cifras comenzarán a cuadrarle a Florentino Pérez. 

Lo que no termina de cuadrar es el procedimiento del Consistorio para llevar a cabo este proceso. Fuentes jurídicas estiman que, en estos casos, lo habitual es liquidar la concesión e iniciar el proceso desde el principio, con un nuevo concurso público, dado que las circunstancias y las condiciones (incluido el Plan Parcial de la zona) han sido modificadas. Sin embargo, la cercanía de las elecciones parece imponerse a otros criterios.

Fuente: Vozpópuli.

Las malas inversiones y otros caprichos en la EMT de Madrid, crisis segura.

La delicada salud financiera de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha obligado a hacer ajustes. Sin embargo, esta situación es en gran medida consecuencia de años de despilfarro, mala gestión del Ayuntamiento y caprichos políticos, que han deteriorado el resultado económico y el balance de la compañía.

El penoso estado económico de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no es cosa de un día. 2013 fue el año en el que sus cuentas se desestabilizaron por completo, pero si bien era una sociedad sin pérdidas significativas hasta ahora, los desmanes han sido práctica habitual durante los años en los que la crisis ya advertía que había venido para quedarse. Al inexplicable incremento de los altos cargos de la empresa, hay que sumar alocadas compras de vehículos, cuestionadas inversiones y discutibles decisiones que en los últimos tiempos han elevado sustancialmente los gastos financieros y las deudas de la compañía. A finales de 2011, se adjudicó a la empresa alemana HJS Emission Technology Gmbh el suministro, instalación y mantenimiento de 485 equipos de tratamiento de gases de escape -filtros y catalizadores- para conseguir reducir el nivel de emisiones contaminantes hasta cumplir con el nivel que establece la Norma Euro V. El contrato fijaba un precio de algo más de 6 millones para las operaciones de suministro e instalación en un período de tres años y un importe estimado de casi 500.000 euros para las labores de mantenimiento durante toda la vida útil del autobús.

Como es lógico, en los últimos años la EMT ha ido adquiriendo importantes lotes de vehículos para su flota. Una buena noticia para la renovación y mejora del parque móvil de la empresa, de no ser por el excesivo coste y el resultado de alguno de los modelos. Entre los años 2011 y 2013, la EMT ha comprado 322 autobuses, que traducido en euros supuso un gasto de 94,7 millones, "un auténtico derroche" según fuentes sindicales. Muchos de esos vehículos están siendo utilizados, pero otros, están saliendo más caros todavía debido a los sobrecostes derivados de problemas mecánicos que obligan a mantenerlos paralizados durante largos períodos. El progresivo recorte de líneas y la reducción del servicio de transporte urbano tampoco ayudan a amortizar una inversión que obligó a la empresa a pedir créditos.

Tenemos una Dirección Política con una mirada fija, sus intereses por encima de todo. Crisis segura.

Fuente: Vozpópuli

Vehículos con cámara buscan en Madrid coches sin tique de aparcar para multarlos

Cinco coches recorren desde hace días las calles de la capital con dos cajas adosadas al techo con cámaras en su interior, enfocando hacia los laterales de la calzada en ambos sentidos de la marcha. Forman parte del Servicio de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Madrid, y su misión es detectar y multar a los vehículos aparcados en la calle que no hayan abonado la tasa correspondiente en el parquímetro.

Hay dos de estos coches circulando por la mitad noreste de la ciudad (en los distritos de Fuencarral, Tetuán, Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal, San Blas, Chamartín, Moratalaz, Vicálvaro y parte de Moncloa y Chamberí), y otros tres en la mitad suroeste (Centro, Carabanchel, Latina, Salamanca, Retiro, Arganzuela, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y la otra parte de Moncloa y Chamberí). Pero son sólo la avanzadilla, puesto que este sistema funciona aún en pruebas.

Según fuentes municipales, su objetivo es “ayudar a los controladores”, que son los que tramitan la sanción en última instancia.

Los vehículos patrullan por la calle, escaneando las matrículas de los coches aparcados en las plazas verdes y azules del estacionamiento regulado. La información recabada se traslada automáticamente al sistema informático centralizado, que da la voz de alarma en caso de que el propietario de un vehículo no haya abonado la tasa en el parquímetro correspondiente. En todo caso, también se avisa al empleado del servicio más cercano a través de su tableta para que se dirija a multar al coche. Así, si la infracción detectada se debiera a que el conductor está pagando aún en el parquímetro o de camino, no se le multa.

Este sistema es posible gracias al cambio introducido el pasado mes de julio en el servicio municipal de estacionamiento regulado.

El Ayuntamiento licitó un nuevo contrato de movilidad por 884 millones de euros y un periodo de 12 años que incluía la renovación de todos los parquímetros de la ciudad. La gestión del servicio de estacionamiento regulado correspondió a dos uniones temporales de empresas lideradas por Sacyr, el Grupo Vinci y Empark.

Los nuevos parquímetros obligan a introducir la matrícula del vehículo estacionado. Eso ha permitido al Ayuntamiento penalizar en las tarifas a los coches más contaminantes —los de gasolina de más de 15 años y los diésel de más de 10 años— y premiar a los máslimpios—híbridos y motores de gasolina de menos de nueve años; los eléctricos no pagan.

Sólo con introducir la matrícula en el aparato, el sistema ya sabe el tipo y antigüedad del vehículo (los datos personales del usuario son secretos). Además, el sistema también bonifica o penaliza según si la zona está muy saturada o hay huecos disponibles.

Todo con el objetivo de incentivar el transporte público y luchar contra la contaminación provocada por los motores diésel, un baremo en el que Madrid incumple la normativa de la Unión Europea. El contrato de movilidad incluía la puesta en marcha del servicio de alquiler público de bicicletas.

El último informe de movilidad en Madrid, de 2013, muestra que el uso de la bicicleta creció un 16% (aún no estaba en marcha el alquiler público) mientras que tráfico caía un 4%. El estacionamiento en la almendra central bajó un 6%, pero los parquímetros siguen a pleno rendimiento (88% de plazas ocupadas de media) “debido al incremento del tiempo medio de aparcamiento”.

En Madrid hay alrededor de 170.000 plazas de estacionamiento regulado; tres de cada cuatro son para residentes (verdes).

Fuente: EL PAÍS

Un bus de la EMT se hunde en un socavón en Aluche

Los bomberos han tardado hora y media en sacarlo de agujero de metro y medio de diámetro. La calle se ha cortado al tráfico.

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se ha hundido en un socavón de metro y medio cuando circulaba a la altura del número 147 de la calle Illescas en su confluencia con la de Queró en el distrito de Aluche, según indicaron fuentes de Emergencias Madrid-Protección Civil.

El siniestro se ha producido pasadas las 15:00 horas cuando el bus de la 121 de la EMT ha caído en el agujero que estaba en mitad de la calzada. Los pasajeros han descendido y se han trasladado a otro vehículo.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acordonado la zona y han tardado hora y media en sacarlo del hoyo. Todo apunta a que por debajo de esa calle circula agua procedente de un antiguo riachuelo, por lo que habría ido horadando el terreno poco a poco hasta que el peso del autobús ha provocado el hundimiento de la calzada.

Los recortes del Gobierno y Ayuntamiento también llegan al subsuelo de Madrid. Un cambio de Gobierno es posible…

Fuentes: ABC