Cuando se está haciendo una malísima gestión desde que en el año 2008 el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza y sucediéndole desde diciembre del 2011 Ana Botella, empiezan a crear el Plan Estratégico en la Empresa Municipal de transportes de Madrid creando nuevas áreas y direcciones con más de 100 puestos de trabajo a altos cargos con sueldos desorbitados en época de crisis y siendo una empresa pública, entraron sin hacer ninguna oposición, a dedo, las pérdidas y el fracaso estaban asegurados. ¿Qué intención tiene el Gobierno del PP con la EMT de Madrid?
El Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) presume de haber saneado sus cuentas y haber escapado así de la intervención del Ministerio de Hacienda, pero la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), la más importante de la capital tanto en presupuesto (525 millones de euros) como en plantilla (7.860 trabajadores, un 27% del total municipal), afronta el riesgo de disolución por su precaria situación financiera.
Este año parecía condenada a cerrar en pérdidas por cuarto ejercicio consecutivo, debido fundamentalmente al recorte en las aportaciones del Consorcio Regional de Transportes (controlado por el Gobierno autonómico, en manos del PP), la caída del número de viajeros y el empeño de la alcaldesa, Ana Botella, por evitar recortes laborales.
Para soslayar las consecuencias legales de esta acumulación de números rojos, que podrían llevar a liquidar la empresa, el Ayuntamiento aprobará el día 19 un rescate millonario que permitirá salvar el año pero apenas diluirá las sombras económicas que se ciernen sobre la empresa municipal a corto plazo.
Tras esta inyección, que ascenderá a 24,3 millones, la EMT precisará en 2015 otra aportación extraordinaria de al menos 15,3 millones para sortear de nuevo las pérdidas. Ese dinero podría provenir, si nada se tuerce, de la devolución por parte del Estado del céntimo sanitario, un recargo fiscal del combustible cobrado entre 2005 y 2012 que el Tribunal Europeo de Justicia anuló en 2013. El Estado debe devolver en total hasta 13.000 millones de euros, de los que la EMT calcula que le corresponden 15,3 millones, más 2,7 millones en concepto de intereses.
Fuentes municipales dan por seguro su pago, atendiendo a un compromiso del Ministerio de Hacienda (PP), pero el plan de salvamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, admite que esos ingresos “dependen de la tramitación judicial de las reclamaciones interpuestas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pudiéndose demorar en el tiempo, con su consiguiente efecto en la tesorería de la sociedad”. En tal caso, el Ayuntamiento se vería obligado previsiblemente a rescatar de nuevo a la empresa municipal por segundo año consecutivo.
Los quebrantos de la EMT comenzaron en 2011, cuando la empresa incurrió en pérdidas de explotación y terminó cerrando con números rojos (688.000 euros). En 2012 perdió 144.000 euros, que habrían sido muchos más de no haberse ahorrado la paga extra de Navidad (17 millones) por decisión del Gobierno.
Hasta ese año, la aportación del Consorcio Regional de Transportes a la EMT había ido aumentando progresivamente en virtud del acuerdo firmado para el periodo 2009-2012. Sin embargo, el convenio posterior, para el periodo 2013-2015, conllevó rebajas significativas: los 460 millones de euros de 2012 pasaron a 452 millones en 2013, 446 millones en 2014 y 440 millones en 2015.
A esa situación se sumó la fuerte caída del número de viajeros: los 426,6 millones de 2011 se rebajaron a 405,5 millones en 2012 y a 404,1 millones en 2013.
Sin el colchón de ahorrarse la paga de Navidad, como el año anterior, y con la rebaja de ingresos del Consorcio Regional, las pérdidas de la EMT se dispararon en 2013 hasta los 21,5 millones.
El Ayuntamiento trató de cubrir el agujero con la venta de una parcela en el distrito de Carabanchel (valorada en 32,3 millones), pero no logró colocarla pese a las rebajas sucesivas en cuatro concursos públicos que quedaron desiertos (se llegó a ofertar por 15,5 millones).
A estas estrecheces se sumó el peso de la abultada deuda con los bancos (172 millones), consecuencia del “intenso proceso de inversiones” (232 millones) de la última etapa del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (2009-2011). El Ayuntamiento cree que el Consorcio Regional debería asumir parte de esos pagos en virtud del acuerdo firmado en 2009, pero éste no lo ha hecho.
Y así estaban las cosas cuando, en diciembre de 2013, el Gobierno aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que condena al Ayuntamiento a disolver la EMT si llega con estas pérdidas a 31 de diciembre de 2015.
Para evitarlo, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, aprobó el pasado mes de marzo un “plan de futuro” que sumaba a las competencias de la EMT la gestión de los aparcamientos públicos (en pleno proceso de venta a particulares) y el servicio de la grúa municipal, dos negocios boyantes; y ponía además en manos de la empresa los ingresos de publicidad de las marquesinas.
Eso debería haber bastado para equilibrar las cuentas de la EMT, pero el Ayuntamiento reconoce ahora que su plan ha fracasado. Y señala la causa principal: sobre el papel, los gastos de personal (que suponen el 72% del total) deberían haberse reducido un 7%, pero el nuevo convenio colectivo firmado el pasado 31 de octubre contemplaba “sólo” la congelación salarial. Botella logró así evitar despidos (y protestas sindicales), su máxima prioridad; los trabajadores tragaron con una durísima medida que les aboca a perder poder adquisitivo y que podría extenderse hasta 2018; pero las cuentas se fueron a pique de todas formas: la EMT estaba condenada a cerrar el año con 22,1 millones de pérdidas.
Esa situación se salvará gracias al rescate financiero que se aprobará la semana que viene, pero también a otras medidas adicionales que ya están afectando al servicio: se han reducido rutas y frecuencias (los 100 millones de kilómetros recorridos por los autobuses en 2010 han pasado a ser 91,3 millones en 2013); se ha aumentado la edad máxima de los autobuses hasta los 15 años, y la edad media ya sobrepasa los ocho años; se ha recortado en la partida de mantenimiento, asistencia técnica y limpieza; y han aumentado los accidentes (el coste de los seguros se ha disparado un 16% este año).
De los 24,3 millones del rescate financiero, 2,2 millones se destinarán a inversiones, entre ellas a “actualizar el interior de 61 autobuses que presentan un peor estado para mejorar la calidad percibida por el cliente”.
En 2015, incluso con los 15,3 millones que se prevé ingresar por la devolución del céntimo sanitario, el Ayuntamiento deberá subvencionar a la EMT con 36 millones de euros porque sus beneficios seguirán sin cubrir sus gastos. La subvención municipal prevista inicialmente en 2014 era de 9,6 millones, por lo que esos 36 millones calculados para 2015 son superiores incluso a la cantidad presupuestada para este año más el rescate extraordinario aprobado en diciembre.
Y aun así, pese a todo, harán falta los 15,3 millones del céntimo sanitario para cuadrar las cuentas. La EMT afronta pues un futuro sombrío en el que fía su viabilidad principalmente al nuevo convenio que firmará con el Consorcio Regional de Transportes para el periodo 2016-2018. Con él espera lograr unos ingresos de 458 millones anuales. A los trabajadores se les mantendrá congelado el salario otros tres años más. El servicio no se reforzará, al contrario (se prevén 87,5 millones de kilómetros recorridos en 2015 y años posteriores). Además, la edad media de los autobuses se acercará a los 10 años, y habrá que gastar 1,7 millones anuales en remozar “completamente” por fuera y por dentro a los que vayan superando los siete años.
¿Y si el Consorcio Regional no acepta los cálculos económicos del gobierno municipal? Entonces el Ayuntamiento tendrá que buscar “fuentes de financiación alternativas” o “acometer un proceso de ajuste de gasto”: es decir, recortes salariales, o despidos.
“La empresa va derecha a la quiebra”, denunció ayer el concejal Jaime de Berenguer (UPyD). “Es un escándalo, llevan cuatro años mintiendo y firmando acuerdos letales con el Consorcio”, aseguró la edil Ruth Porta (PSM). “Esta grave situación es consecuencia de la mala gestión”, dijo Raquel López (IU), que acusó además al gobierno municipal de “renunciar al papel protagonista” que debería jugar en el Consorcio Regional de Transporte.
Fuentes: EL PAÍS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario