Un buen número de edificios públicos emblemáticos de Madrid pasarán a tener un uso lucrativo privado (oficinas, comercio, etcétera) en virtud del nuevo plan urbanístico que prepara el Gobierno municipal de Ana Botella (PP). Este cambio afectará, por ejemplo, a los juzgados de la plaza de Castilla, al palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores o a las instalaciones de Radio Televisión Española en Torrespaña.
El Ayuntamiento trabaja para aprobar antes del final de su mandato, en mayo de 2015, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituya al vigente desde 1997 y que guíe el crecimiento de la capital la próxima década.
Su avance se difundió en noviembre, y está ahora en fase de discusión pública. Entre sus innumerables cambios, prevé dar a 146 unidades urbanísticas (desde parcelas y edificios a manzanas enteras) que ahora son dotaciones públicas (equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o administrativos) un nuevo uso económico lucrativo (oficinas, hoteles, comercio, etcétera).
Entre los inmuebles afectados hay varios incrustados en el imaginario colectivo, pero también numerosas sedes oficiales de las tres Administraciones. El cambio de uso —que se realiza en muchos casos por solicitud previa— permitirá a sus gestores desprenderse de ellos en el mercado inmobiliario a muy buen precio, una estrategia iniciada ya por las Administraciones hace tiempo para capear la crisis, pero obstaculizada por las trabas que implica darle carácter lucrativo a un suelo destinado al servicio público.
La modificación incluida en el plan urbanístico no supone en cualquier caso un menoscabo para los intereses de la ciudad, quizá todo lo contrario. El propietario del inmueble deberá ceder al Ayuntamiento una superficie equivalente para uso dotacional en otro lugar, de forma que se mantenga el equilibrio urbano, y abonar además un suplemento (en suelo, superficie o efectivo).
De esta forma, siempre sobre el papel, grandes edificios antiguos, obsoletos, infrautilizados o, sencillamente, muy lucrativos en caso de venderse, generalmente ubicados en los distritos más céntricos, pasarán a tener un uso privado. Y, en el proceso, las dotaciones públicas mudarán probablemente a instalaciones periféricas o más baratas, pero, previsiblemente, más ajustadas a las necesidades de la Administración.
No es esto lo que cree, sin embargo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que en sus alegaciones al nuevo plan urbanístico denuncia una “desamortización” que “enlaza con la privatización de los servicios públicos”. Además, con “penosos réditos, dada la coyuntura del mercado y la posición de dominio de los inversores”. El Gobierno regional (PP) subastó en 2013 varios inmuebles por los que calculaba obtener 742 millones de euros; logró 240 millones.
“Las compras se están concentrando en unos pocos inversores, entre los que destacan los fondos buitre”, añade la FRAVM, que critica además la venta de edificios con el compromiso de seguir ocupándolos en alquiler, puesto que, en unos años, el gasto de la renta supera al beneficio de la compra.
Para la FRAVM, la recalificación incluida en el plan urbanístico “estira el precio de venta como en el milagro de los panes y los peces”, pero no supone obligatoriamente un beneficio para la ciudad, sino “volver a las añagazas de la economía de casino de los años de la burbuja inmobiliaria”.
El cambio de uso no será efectivo hasta la aprobación definitiva del plan. Entonces, los propietarios del inmueble que cambie su uso dotacional por el de actividad económica (terciario o industrial) deberán obtener una licencia municipal de funcionamiento.
Será en ese momento cuando deban ceder una superficie equivalente para cubrir el uso dotacional que pierde la ciudad y abonar al Ayuntamiento otra compensación —el rescate de plusvalía— en suelo, superficie o dinero. Ya con la licencia, podrán destinar el inmueble a otro uso sin necesidad de otros trámites urbanísticos, siempre y cuando eso no suponga un impacto fuerte para la ciudad (si antes albergaba oficinas de la Administración, podrá dedicarse a oficinas privadas sin problema, pero no, por ejemplo, convertirse en un centro comercial), según indican fuentes municipales.
Una década de espera para Telefónica.
Entre los edificios afectados hay casi medio centenar de Telefónica, entre ellos, su sede en la Gran Vía. El exalcalde José María Álvarez del Manzano (PP) firmó en 2003 un convenio (ratificado en el último pleno de su mandato) que permitía convertir en pisos 48 inmuebles de la empresa, una operación “legal y beneficiosa” para la ciudad que, sin embargo, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) congeló al llegar al Ayuntamiento poco después. En 2006, sin embargo, el entonces alcalde y ahora ministro de Justicia aprobó una modificación urbanística para recalificar esas parcelas (destinadas a infraestructuras) y darles uso residencial.
Entonces anunció que el Ayuntamiento recibiría 53,1 millones de euros como compensación, además de otras parcelas para un uso dotacional equivalente. Tanto Manzano como Gallardón obedecían una orden dictada por la Secretaría de Estado de Comunicaciones en abril de 2002 para que los bienes inmuebles de la operadora (antes, de propiedad estatal) dejaran de estar afectados al servicio público.
Pero su cumplimiento efectivo se ha demorado finalmente a 2015. Lo que el Ayuntamiento no ha desvelado ahora es si la compensación económica será la anunciada por Gallardón.
Fuente: EL PAÍS.
Foto: El Mundo.
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