Si no peleamos para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabaremos siendo parte de ella. La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública.
Los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. Una vez más la derecha ha visto la oportunidad de implantar sus políticas de seguridad. Ante las movilizaciones, huelgas, manifestaciones, encierros, escraches y otras actividades ciudadanas contra los recortes, ley del aborto, las privatizaciones, la corrupción y en favor de una democracia más participativa, la derecha gobernante ha movido los hilos de la represión.
El PP ha desarrollado su ideología autoritaria: antes que dialogar hay que silenciar. Antes de buscar la complicidad ciudadana hay que convencerles con leyes represivas o con los antidisturbios. O con los dos a la vez. A cada manifestación, a cada protesta, el Gobierno del PP, con Gallardón y Fernández Díaz a la cabeza, ha reaccionado anunciando una restricción de las libertades y el endurecimiento de las sanciones.
Lo podemos constatar con la reforma del Código Penal y con la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. Con la primera se imponen penas de prisión de tres meses a un año a quienes “a través de cualquier medio”, difundan mensajes que “inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público” o “sirvan para reforzar la decisión” de quienes los lleven a cabo. De esta manera se intenta acabar con el activismo de las redes sociales. Así, si públicas en cualquier red social el apoyo a una concentración para evitar un desahucio, o que te parece bien que se ocupe una entidad bancaria, puedes acabar en el banquillo de los acusados. Y si insistes, puedes acabar en la cárcel por ser un reincidente de la libertad de expresión.
Con la Ley de Seguridad Ciudadana completan el conocido y peligroso círculo del ajuste social por un lado y la represión por el otro. Con esta ley se amplían las conductas sancionables: escraches, manifestaciones frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Un ejemplo: los ciudadanos que grabaron la paliza que dieron algunos agentes de los Mossos d'Esquadra al empresario Juan Andrés Benítez en el barrio barcelonés de El Raval podrían ser sancionados con multas de entre 30.000 y 600.000 euros. Las sanciones elevadas no son baladís, intentan acallar la protesta social y desmovilizar a los activistas, ya que a veces es más duro pagar una sanción que ser detenido.
La policía es una institución fundamental para la democracia, defiende los derechos de los ciudadanos y los protege, por eso debemos denunciar los intentos de la derecha autoritaria de utilizar a los cuerpos de seguridad como fuerza represiva para acallar la legítima protesta social ante la violencia ejercida por el Gobierno. Y si esos cuerpos se sienten presionados por el poder político que se pongan al otro lado de las vallas, con los ciudadanos que no quieren ser silenciados.
Se nos dice que estamos pasando la crisis más dura de la historia, lo que está sucediendo es que a esta grave crisis económica se ha unido algo peor: una crisis ética y de valores como la honradez, la honorabilidad, el esfuerzo, la meritocracia y la buena fe. Sin ellos, y aceptando resignadamente nuestra incapacidad para acabar con la corrupción, la salida de la crisis es muy complicada. La Sociedad en su conjunto necesita desempolvar su intelecto. Recuperar la iniciativa. Manifestar su inexorable rechazo a tales actitudes y comportamientos. Promover cuantas reformas de nuestro sistema político sean necesarias para que la democracia de los partidos no de amparo a quienes traicionan el mandato de los ciudadanos.
Fuentes: EL PAÍS, Vozpópuli.
Da gusto poder decir la opinión, pero con cuidado, los políticos ya se encargan de hacer las leyes a su medida. Como ocurre en la EMT, la Dirección hace lo que quiere con los trabajadores y el Comité de Empresa lo consiente. Enhorabuena.
ResponderEliminar