¿El interés político perjudica a la clase trabajadora?
Tenemos otro caso de intereses políticos, cuando a un alto cargo, funcionario de nivel 30, este nivel es dado a criterio político, por oposición es hasta el nivel 28, se le destina a otro puesto, porque no interesa el que tiene actual al partido gobernante, se crea un puesto específico, sin trabajo pero cobrando un sueldo muy atractivo, una falta de justificación inconcebible más aún en la actual situación de crisis económica.
Jaime Nicolás, licenciado en Derecho en España y en Políticas en Alemania, profesor de Universidad, fue jefe de gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo de Estado hasta marzo de 2012. Este funcionario por oposición desde 1972 tiene nivel 30, el máximo en la función pública. Al cesar en el cargo pidió reingresar en el Ministerio del Interior, donde le correspondía porque había tenido allí su último destino antes de ir al Consejo de Estado. Después de dos meses en su casa, cobrando pero sin destino, fue asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).
En verano de 2013, después de año y medio con despacho pero sin trabajo puso una queja interna por la marginación que sufría y en octubre de 2013 presentó un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Exigía un euro como compensación y que se reconociera que se había vulnerado su “integridad moral, el derecho al prestigio profesional, el derecho al cargo, y la interdicción de la discriminación”. Con el recurso, sí que recibió tareas desde el Ministerio.
Nicolás esgrimió que el “Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado”, aprobado en 2011, cita como primera causa de acoso “dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique”.
Pero aun así incluye como conclusión un reproche para el Ministerio del Interior. “Si bien se entiende que no estamos ante un supuesto de mobbing, no se justifican situaciones como la analizada, de destinar a puestos carentes de trabajo y funciones y con inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a la dignidad profesional. Falta de justificación inconcebible más aún en la actual situación de crisis económica. Se creó un puesto de trabajo de Vocal Asesor en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) de la Secretaría de Estado de Seguridad que hasta año y medio después no se le dio contenido”. Nicolás reflexiona sobre el fallo, que acepta que todo lo que dice es cierto pero no accede a sus pretensiones: "Me da la razón pero me quita el derecho".
(Fuente: EL PAÍS).
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